Des de la Campanya NO AL TTIP de les Illes Balears, ens han fet arribar aquesta carta adreçada a la Secretaria de Estado de Comercio, del govern espanyol, on es demana que no s’atorgui a la Comissió Europea el mandat relatiu al Tribunal Multilateral d’Inversions MIC i sol·liciten una reunió presencial.
La reprouïm en castellà ja que va dirigida a un organisme estatal.
Madrid, 25 de enero de 2018
Estimada señora, estimado señor,
En el pasado mes de septiembre, la Comisión Europea anunció su voluntad de obtener un mandato del Consejo de la Unión Europea1 para negociar el establecimiento de un “Tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones”, con el fin de expandir los polémicos tribunales de arbitraje de inversión que permiten a los inversores demandar a los Estados mediante el mecanismo de solución de conflictos inversor-Estado (ISDS), y su versión reformulada llamada ICS (Sistema de Tribunal de Inversión) en el tratado con Canadá (CETA) y en los tratados futuros (Vietnam, Japón, etc.).
La “Campaña No al TTIP, CETA, TISA”, formada por más de 300 organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo el Estado español , expresamos nuestra máxima preocupación por el proyecto de establecer un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones[1] y pedimos a los grupos parlamentarios que insten al Gobierno de España, a no otorgar a la Comisión Europea el mandato para la apertura de negociaciones de un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones sin antes haber debatido el asunto en el Congreso de los Diputados y el Senado. Esta petición está respaldada por más de 417.000 firmas que nos gustaría entregarles.[2]
Los últimos 20 años han puesto de manifiesto los peligros que plantean los amplios privilegios concedidos a los inversores extranjeros en miles de tratados internacionales de comercio e inversión. En efecto, las empresas transnacionales y los despachos de abogados han usado la amenaza de onerosas demandas inversor-Estado para detener o revertir leyes legítimas de interés público. A los Gobiernos se les ha condenado a pagar cientos de millones de dólares en concepto de indemnización por medidas concebidas para proteger a la ciudadanía y el medioambiente, incluso por reglamentaciones no discriminatorias que están en sintonía con la legislación nacional o europea. Algunas empresas incluso han utilizado las demandas inversor-Estado para eludir sanciones tras ser acusadas de delitos como la contaminación ambiental y la corrupción, o ser condenadas por ellos.
A España y los contribuyentes afecta este asunto directamente por las 36 demandas interpuestas por inversores extranjeros, bajo el amparo del Tratado Carta de la Energía, contra las modificaciones legislativas que afectaron a las energías renovables en España entre 2010 y 2013, y en las que se pide por lo menos 7.565,8 millones de euros en indemnizaciones, de los cuales España ya ha sido condenado a pagar 128 millones en un laudo de mayo de 2017.
El régimen internacional de inversiones vigente es perjudicial para los presupuestos públicos, las regulaciones en pro del interés general, la democracia parlamentaria y el Estado de derecho. No hay justificación para que un tratado comercial o un mecanismo de arbitraje favorezca los intereses privados de los inversores por encima de las decisiones democráticas de los Estados, los parlamentos o tribunales.
Además, el régimen actual de protección de la inversión no hace nada para proteger los derechos de las personas afectadas por las inversiones extranjeras. Los inversionistas no están sujetos a obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, normas laborales y protección del medioambiente, y las personas y comunidades afectadas no pueden recurrir a la justicia internacional cuando sus derechos están siendo violados.
Existe una enorme asimetría en el plano normativo, entre privilegios vinculantes para inversionistas, en forma del arbitraje de inversiones, y la falta de protección de los derechos humanos y el medioambiente en el derecho mercantil.
Algo tan grave no puede pasar sin que se informe y se consulte a la ciudadanía, y aún más grave es el hecho de que el Gobierno de España autorice el mandato para negociar el “Tribunal multilateral de inversiones” sin consultar a Las Cortes previamente.
POR TODO ESTO, PEDIMOS:
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Que no permita que el Gobierno de España otorgue a la Comisión Europea el mandato para la apertura de negociaciones sobre un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones sin antes haber debatido el proyecto en sesión parlamentaria;
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Que se discuta en sesión plenaria los desafíos e implicaciones de un “Tribunal multilateral de inversiones”;
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Que se informe a la ciudadanía que el gobierno Español esté otorgando el mandato a la Comisión Europea para establecer un “Tribunal multilateral de inversiones” sin consultar al parlamento, a pesar de las 36 demandas interpuestas por inversores extranjeros, en las que se pide 7.565,8 millones de euros en indemnizaciones,
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Que se organice una audiencia pública en Las Cortes que analice el mandato del MIC y las consecuencias de las normas de protección de la inversión en el Estado español, como puede ser el aumento de demandas interpuestas por inversores extranjeros.
Solicitamos una reunión presencial en las próximas dos semanas para poder analizar este tema.
Esperamos sus noticias.,
Atentamente,
Campaña No al TTIP, CETA, TiSA
[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0493
[2] https://act.wemove.eu/campaigns/no-tribunales-corporativos-mundiales
